El integrante de la Junta de la Comuna 12 y exdirector de la Comisión de Descentralización de la Legislatura porteña, Pablo Ortiz Maldonado, presentó un proyecto de Ley “para la Coparticipación de los Fondos Recaudados en Concepto de ABL en favor las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Entre otros puntos, la ley establece: “El Poder Ejecutivo hace efectivo a partir del 01/01/2021 la transferencia definitiva de las competencias exclusivas y las competencias concurrentes establecidas en la Ley 1777. Dentro de las facultades y competencias delegadas por el Poder Ejecutivo a los Gobiernos Comunales se encuentra el servicio de alumbrado, barrido y limpieza. El Poder Ejecutivo transferirá fondos, personal, bienes muebles e inmuebles y servicios que estaban destinados hasta la sanción de esta ley para la realización de las competencias transferidas. Establézcase que los fondos a ser transferidos a las Comunas no pueden ser inferiores a lo recaudado en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) durante el año 2019 actualizado por el Índice de Precio al Consumidor (IPCBA). La distribución de los fondos, bienes y personal se llevará delante de acuerdo a la matriz presupuestaria elaborada por el Consejo de Coordinación Intercomunal tal como se establece en el artículo 17 de la Ley Nº 1777”.

A la hora de fundamentar, Ortiz Maldonado señala: “El presente proyecto de ley, tiene por objeto garantizarlo establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1777. Por un lado se busca dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 51, 52, 53 y 54 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tanto en el artículo 1 como en el artículo 52 se reafirma el carácter “participativo” tanto de la democracia como la del presupuesto de la Ciudad capital de todos y todas los argentino. El artículo 51 dispone que “el sistema tributario y las cargas públicas se basan en los principios de legalidad, irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad, solidaridad, capacidad contributiva y certeza. El artículo 53, a su vez, es determinante ya que vuelve imperativa la necesidad de que el presupuesto contenga todos los gastos que demanden el desenvolvimiento del gobierno central, los entes descentralizados y las Comunas. Finalmente, el artículo 54 es explícito respecto a la descentralización de los recursos de la Ciudad: “Los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno de la Ciudad son fijados por ley y son únicos para todos los poderes; deben propender a la descentralización de la ejecución presupuestaria y a la mayor transparencia y eficacia en la gestión””.

“Por otro lado, se busca seguir profundizando el espíritu que inspiró a la Ley de Comunas (Ley Nº 1777) de descentralizar funciones del gobierno central para delegarlas en una instancias de gobierno de cercanía con la ciudadanía como lo son los Gobierno Comunales. En paralelo sepretende reparar las desigualdades estructurales de la Cuidad de Buenos Aires redistribuyendo recursos en función de la matriz presupuestaria que –según el artículo 17 de la Ley Nº 1777- debe distribuirse teniendo en cuenta pautas de equidad basada “en indicadores sociales, culturales, económicos, ambientales, demográficos y urbanísticos que permita generar criterios de distribución y compensación de las diferencias estructurales existentes entre los distintos barrios y zonas de la ciudad”. La Ley Nº 1777 fue aprobada en el año 2005 y recién en 2011 los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires pudieron elegir a los miembros de la Juntas Comunales en las elecciones generales. Desde entonces se ha producido un retroceso en la descentralización de las funciones de las Comunas. Lo que comenzó como una experiencia auspiciosa de descentralización de determinadas competencias y funciones fue perdiendo terreno en favor de un Poder Ejecutivo que le quitó competencias (por ejemplo, “espacios verdes” volvió a manos del gobierno central), creó áreas dentro de la estructura de gobierno que competían con las funciones de las Comunas, jamás se le otorgó jurisdicción propia a las Comunas para que pudieran crear su propio presupuesto y administrar sus propios fondos, se crearon programas de “participación ciudadana” auspiciadas desde la Jefatura de Gobierno que colisionaron con los Consejos Consultivos Comunales y se perpetuó una lógica desde la cual la Secretaría de Descentralización (que luego cambió varias veces de denominación) dicta ordenes a los presidentes de las Juntas Comunales desconociendo la autonomía de la que gozan las Comunas”.

“A través del presente proyecto de Ley se busca remediar la impronta “centralizadora” que contradice la Constitución y la Ley de Comunas. Se busca transferirle de manera definitiva las competencias exclusivas y concurrentes a los Gobiernos Comunales, se propone ampliar dichas competencias sumando el alumbrado, barrido y limpieza y para llevar adelante esas tareas de manera efectiva se propone la transferencias de fondos, personal, bienes muebles e inmuebles y servicios a las Comunas conforme a lo establecido por el Artículo 12 de la Ley Nº 1777 que establece que “El Poder Ejecutivo puede delegar en las Comunas la ejecución de competencias propias, a través de la celebración de instrumentos que establezcan las responsabilidades que asume cada parte y garanticen la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes para su ejecución”. El proyecto de Ley también intenta enmendar lo ocurrido desde el comienzo del funcionamiento de los Gobierno Comunales y a la vez cumplir con el artículo 16 de la Ley Nº 1777 que establece que “los recursos asignados a las Comunas deben ser suficientes para el cumplimiento de sus fines y proporcionales para el desempeño de las competencias que se le atribuyen”. Las Comunas sin los recursos acorde a sus competencias se ven imposibilitadas de cumplir con los objetivos y fines para los cuales fueron creadas”.

“Finalmente se propone en el proyecto de Ley que dichos recursos sean distribuidos en función de la matriz presupuestaria que debe elaborar el Consejo de Coordinación Intercomunal. Dicho mecanismo permitirá que esos recursos sean una herramienta de equidad frente a las desigualdades económicas y sociales históricas que padece la Ciudad. Una vez que esos recursos sean distribuidos entre las Comunas será tareas de las Juntas Comunales lograr una efectiva participación de la ciudadanía en las decisiones sobre las prioridades presupuestarias y la elaboración del anteproyecto de presupuesto que deben enviar al Poder Ejecutivo todos los años. En la actualidad esto ocurre de manera inversa: es el Poder Ejecutivo el que determina en qué se invierte el dinero de las Comunas cuando el espíritu y el articulado de la Ley establece lo contrario”.

“Entendemos este proyecto de Ley como una herramienta que viene a saldar años de un camino que lesionó el espíritu participativo y arremetió contra la descentralización de las funciones en la Ciudad de Buenos Aires. Los Gobiernos Comunales deben y pueden hacerse cargo de las competencias exclusivas y concurrentes para las cuales fueron creadas. Es menester garantizar la transferencias de recursos (en cumplimiento con la Constitución de la Ciudad) para que ello ocurra de manera efectiva y los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires pueden contar finalmente con gobiernos de cercanía a los que puedan acudir para resucitar la impronta participativa que siempre tuvo la Ciudad y solucionar los problemas cotidianos que tan lejos se encuentran a veces de las estructuras centralizadas de gobierno”, concluye el comunero.