Los legisladores porteños Matías Barroetaveña y Santiago Roberto (Frente de Todos) presentaron un proyecto de Ley para promover una Consulta Popular o referéndum obligatorio y vinculante para saber si los vecinos de la Comuna 12 (Saavedra, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón) están a favor de la construcción de edificios de altura, tal como establece el Código Urbanístico y sus modificaciones (2018-2020). La propuesta es motivada por los vecinos y vecinas integrantes de la agrupación local Salvemos al Barrio.

De este modo, se propone al electorado de la Comuna 12 que decida expresándose en forma positiva o negativa sobre la siguiente fórmula: “Apruebo la exclusión del territorio de la Comuna N° 12 del ámbito territorial de aplicación de las normas contenidas en el artículo 6.5.5. Completamiento de Tejido o Edificabilidad del Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 6.099 normas complementarias y modificatorias)”.

“Entendiendo que esta Comuna es predominantemente residencial, con identidades patrimoniales propias y definidas, que merecen ser preservadas y puestas en valor, respetando sus usos, alturas y características morfológicas para su totalidad de área. Es por ello que resulta indispensable reconocer, mantener y preservar la identidad barrial y su sustentabilidad ambiental, en el marco de la democracia participativa y representativa mediante la voluntad popular de los y las vecinas que habitan los barrios que integran la Comuna 12”, reflexionan los fundamentos del proyecto.

“Entendemos que la herramienta de la Consulta Popular es la que nos va a dar la respuesta necesaria para saldar estas situaciones, en las que serán los y las vecinas quienes expresen, vía esta herramienta, cuáles son sus interese y deseos en la Comuna que habitan y el cumplimiento efectivo del Derecho a la Ciudad”, añaden.

“Motiva la presentación del presente proyecto de Ley la movilización y trabajo realizado por los y las vecinas de la Agrupación Salvemos al Barrio, quienes desde hace mucho tiempo vienen trabajando y construyendo colectivamente desde sus diferentes lugares de pertenencia, que barrios y en consecuencia que Ciudad deseamos habitar”, citan los legisladores del FdT.

“La propuesta de convocar a una Consulta Popular se encuadra en los términos del artículo 65 de la Constitución y la Ley Nº 89, a referéndum obligatorio y vinculante al electorado de la Comuna N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que exprese su voluntad sobre la aplicación de las normas contenidas en el artículo 6.5.5. Completamiento de Tejido o Edificabilidad del Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 6.099 normas complementarias y modificatorias) en el territorio de la respectiva Comuna”, suman.

Salvemos al Barrio es una entidad civil integrada por vecinos de la Comuna 12, en su mayoría de Villa Pueyrredón, que desde el inicio del debate por la modificación del Código Urbanístico (2017-2018) presentaron objeciones al aumento en las alturas posibles para edificar en zonas residenciales.

Esta agrupación también es parte de la convocatoria “Se va Buenos Aires”, en la cual participan decenas de asambleas barriales contra la “la demolición sistemática del patrimonio urbano y la privatización del espacio público”. El sábado 30 de octubre celebraron una protesta frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante un comunicado conjunto, detallaron: “Buenos Aires está gobernada por la especulación inmobiliaria. Pese a que la población de la ciudad no aumenta desde mitad del siglo XX, cada vez se permite construir más y a mayor altura sin respetar el entorno barrial, los edificios patrimoniales ni mejorar la infraestructura de los servicios. La calidad de vida en la ciudad disminuye mientras la vivienda ociosa aumenta. ¿Quién piensa en los vecinos? Sin identidad no hay futuro. Día a día se dilapida patrimonio social, cultural y económico invaluable capaces de generar mayor calidad de vida, m2 para vivienda social y valor agregado para nuestra economía”.

“Exigimos, junto con otras 16,000 personas que enviaron su firma en sólo una semana: se realice una auditoría al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y a la Dirección General de Interpretación Urbanística. A pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con que estos organismos deciden qué edificios se conservan y cuáles no. De un universo de 141.000 edificios que deberían haberse declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, tan sólo el 13 %, (18.500 edificios históricos) fueron supuestamente “protegidos”. Incluso este porcentaje insignificante está en un limbo legal sin protección efectiva. Los otros 122,500 esperan su demolición”, describieron sobre la situación actual.

“Es por eso que exigimos control vecinal de los órganos que deciden sobre nuestro barrios.
Decimos no a las torres y los convenios urbanísticos, basta de privatización de tierras públicas y venta de espacios verdes, protección inmediata del patrimonio de la ciudad”, concluyeron las entidades civiles.

Adherían a esta convocatoria: Junta Histórica Núñez Saavedra, Asociación Amigos del Lago de Palermo, Vecinos Unidos por Núñez, Basta de Demoler, Encuentro en Defensa del Espacio Público, Vecinos Autoconvocados de San Telmo, Una Plaza para Villa Santa Rita, Proteger Barracas, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, entre otras.