La Sala de Feria Contencioso Administrativo y Tributario rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Jorne S.A. y ratificó la medida cautelar dictada por el Juez Roberto Andrés Gallardo que había ordenado frenar la demolición del Edificio de la exfábrica Barthel (Freire 3035/85), en base a un amparo presentado por vecinos de Saavedra y Coghlan. Los ciudadanos habían alertado que, pese a estar protegida por la Ley porteña N° 5.117, el GCBA había dado un permiso para derribar parte de esta edificación con el fin de construir un complejo de viviendas.

El amparo había sido presentado el año pasado por El Movimiento la Ciudad Somos Quienes La Habitamos, Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Asociación Civil Amigxs de La Estación Coghlan, Centro Murga Los Magos de Saavedra, Asociación Vecinal Loma de Saavedra, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

La medida cautelar ratificada también había ordenado suspender los efectos de la Disposición N° 833/DGIUR/23, y disponer la continuidad de la clausura y suspensión de los trabajos constructivos y de demolición del inmueble sito en Capitán General Ramón Freire 3035/55/65/75/85 de esta Ciudad, informó el ODC.

Jonatan Baldiviezo, fundador del ODC y letrado patrocinante de la causa judicial expresó: “En el último mes. el GCBA, tanto el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos han demostrado que el patrimonio cultural de la ciudad está en grave riesgo aún cuando se encuentre protegido por la ley y que en cualquier momento se pueden buscar artilugios jurídicos para eliminar la protección con la que contaban. La Legislatura, por ejemplo, decidió eliminar la protección patrimonial del inmueble sito en Av. Belgrano 1772 porque la Fundación Favaloro quiere expandir su Hospital Universitario y necesita demolerlo. Ahora el Poder Ejecutivo, ya sin pasar siquiera por la Legislatura, decidió autorizar la demolición del 86% de la ex fábrica Barthel, edificio con alta protección patrimonial. Afortunadamente, en este último caso la justicia sostuvo que el patrimonio no se toca”.

La arquitecta Dora Young, integrante de la Asociación Civil Amigxs de La Estación Coghlan y profesional que elaboró un dictamen para la causa judicial, expresó: “Una vez más los ciudadanos nos encontramos con una realidad donde parece que las leyes estuvieran hechas para violarlas, cambiarlas, o interpretarlas, a la medida del negocio inmobiliario. La mueblería Barthel es un conjunto de gran valor; además de los aspectos arquitectónico, urbanístico y paisajístico, está instalada como un hito simbólico en la memoria de varias generaciones de vecinos, e inclusive tiene significado histórico, con relación a acontecimientos de la segunda guerra mundial, como el naufragio del acorazado Graf Spee”.

“Pero nada de todo esto parece ser suficiente para detener la especulación, con consecuencias cada vez más negativas para la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya que no es no caso aislado y se repite en todos los barrios, siendo especialmente afectados los de baja densidad. El, impacto negativo que generan, no se limita lo estético, arquitectónico o paisajístico; cada emprendimiento inmobiliario impacta sobre las redes de servicios –cloacas, agua corriente, desagües pluviales, gas, electricidad, etc., que no están en condiciones de abastecerlos, y no se actualizan; tampoco se contempla la mayor demanda de vacantes escolares, ni los servicios de salud, o transporte”, agregó.

“Se elimina superficie absorbente favoreciendo las inundaciones, y no se adoptan las medidas necesarias para mitigar el efecto de las grandes lluvias; por ejemplo, se encuentran paralizados los trabajos del parque Sarmiento, que, aunque insuficientes, servirían para mitigar parcialmente las inundaciones en la cuenca del arroyo Medrano.Todo esto acompañado de un gravísimo déficit habitacional, cuya solución no parece estar entre las prioridades de los gobiernos, y que estos emprendimientos no aspiran a solucionar; más bien a generar un stock de viviendas ociosas, destinadas al mercado turístico o simplemente a reserva de capital”, concluyó la arquitecta.

También informó que estas sentencias se dictaron con posterioridad a que la empresa Jorne S.A. manifestara su voluntad de demandar por daños y perjuicios al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Arq. Dora Young por el dictamen técnico que elaboró para ser acompañado con la demanda. Este dictamen fue calificado por la empresa Jorne S.A. de “mendaz”, “falaz”, “tendencioso”, “mala fe”, “desconocimiento espeluznante”. Finalmente, los tribunales concordaron con el contenido de este informe.

El GCBA había otorgado un permiso de obra nueva a la empresa Jorne S.A. para el predio donde se encuentra el conjunto edilicio catalogado con nivel de protección estructural por Ley porteña N° 5117 de 2014, compuesto por un edificio de habitación, oficinas y pabellones industriales de la ex fábrica de muebles Barthel.

“Alegando que los pabellones no presentan valor patrimonial, el GBA autorizó la demolición de más del 86% del conjunto edilicio contrariando la protección patrimonial estructural otorgada por la Ley N° 5177 a la totalidad del inmueble, es decir, que protege todo el conjunto sin distinción entre los pabellones y el edificio de habitación. También autorizó a incrementar el volumen del edificio y construir en el pulmón de manzana, situaciones absolutamente prohibidas por el Código Urbanístico. Una excepción inmobiliaria el Poder Ejecutivo a medida de los intereses económicos de la empresa Jorne S.A. que ni siquiera pasó por la Legislatura en contra de la patrimonio cultural porteño”, indicó el ODC.

La Ley habla del valor urbanístico ambiental del conjunto en los siguientes términos: “No obstante el importante tamaño de la parcela con los retiros de frente y la tipología edilicia lo presentan como un hito de valor referencial para el barrio. Así mismo, se destaca la articulación de las piezas que conforman el conjunto con los jardines y arboleda, construyendo un contexto de especial calidad ambiental”.

“La decisión correspondiente a desestimar el valor patrimonial de los pabellones corresponde a la Legislatura de la Ciudad que ha decidido otorgarles protección patrimonial con nivel estructural. El Poder Ejecutivo no puede desestimar la valoración patrimonial de la Legislatura porque no tiene la competencia constitucional para ello”, enfatiza.

“Por otra parte, de acuerdo con el Código Urbanístico el nivel de protección estructural implica que solo se pueden hacer modificaciones internas, estando prohibidas las obras de demolición y ampliación, pero el proyecto autorizado prevé el aumento en 250% del volumen edificado llevando la altura de dos plantas a 5 plantas con la construcción de subsuelos en toda la parcela. Gran parte de las nuevas construcciones se van a emplazar en el pulmón de manzana, situación también prohibida por el Código Urbanístico. En la carátula del permiso de obra se detalla que se van a demoler 2011 m2, es decir, el 86,89% del edificio protegido patrimonialmente. De los 2314 m2 del edificio sólo se conservarán 303 m2. Y, además, se incrementará el volumen en unos 8305 m2. Esta cantidad de nuevos metros cuadrados va en contra de los grados de intervención 1 y 2 para edificios con protección estructural”, describe el observatorio.

“Además, se proyecta el retiro injustificado de especies arbóreas que forman parte del paisaje y del entorno que hacen a la protección patrimonial y a la calidad ambiental del inmueble. Habiendo constatado que la demolición ya empezó, los colectivos y asambleas abajo firmantes presentamos un amparo colectivo ambiental con medida cautelar, al que hizo lugar tanto el juzgado de 1ra instancia como el Tribunal de 2da instancia. El amparo fue presentado con la personería del Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitando que se declare la ilegalidad de los permisos otorgados y se interrumpan inmediatamente los trabajos constructivos y de demolición en el predio”, concluye el ODC.