La Justicia de primera instancia ordenó al Banco Hipotecario S.A. cesar de cualquier débito en la caja de ahorros de un hombre que había sido víctima de un delito digital, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

El magistrado subrogante del Juzgado n.º 11 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Converset, hizo lugar a la medida cautelar y le ordenó al Banco que arbitre los medios necesarios para proceder a la suspensión de cualquier débito en la caja de ahorros en concepto de pago del mutuo.

En la causa “C., L. R. contra Banco Hipotecario S.A. sobre Relación de Consumo”, el reclamante inició una demanda para que se declare la nulidad y/o inexistencia total del crédito bancario otorgado con fecha 30 de septiembre de 2020 por un valor de $131.500 y la devolución total e integrada de las sumas que la demandada hubiera debitado de su cuenta.

El caso

Refirió que el día 30 del mes de septiembre del año 2020, con la intención de peticionar una Tarjeta Visa Nativa en el Banco Nación, ingresó en una publicidad de dicha entidad bancaria en la red social Instagram y envió un mensaje.

Inmediatamente, indicó que le respondieron solicitándole su número de teléfono celular y recibió un llamado a los minutos siguientes para tramitar el producto que estaba requiriendo.

Le explicaron detalladamente cómo obtener la mencionada tarjeta y le solicitaron los datos necesarios para iniciar el trámite correspondiente.

Relató que, a los pocos instantes del suceso relatado, tenía bloqueada su cuenta de home banking y su correo electrónico, por lo que se contactó con la empresa Visa y con el Banco Hipotecario, efectuando el bloqueo de su tarjeta de débito y la de su hijo, por precaución.

El 1 de octubre de 2020, concurrió a la sucursal del Banco Hipotecario sita en Villa Urquiza, y comunicó lo sucedido a la oficial de cuentas quien le informó que el bloqueo del home banking y correo sería algo interno del banco.

Describió que a los diez días, se dirigió a depositar dinero en su Caja de Ahorro y tomó conocimiento de un débito a causa de “un préstamo”. Inmediatamente se dirigió a hablar con la oficial de cuentas de la sucursal, quien le comunicó que él había sacado un préstamo y que, tras el otorgamiento del mutuo, desde la misma cuenta se hizo transferencia a un tercero, desapareciendo el dinero que habría sido otorgado, sin que el banco pueda revertir las operaciones realizadas.

Su letrada manifestó que su cliente es doblemente víctima, primero del phishing llevado adelante por delincuentes y luego, del estado de abandono en que lo colocó la demandada, quien debía mínimamente brindarle información, ayudarlo, protegerlo de las consecuencias derivadas de la maniobra ilícita ejecutada por terceros.

Por otra parte, el día 27 de abril del corriente año, denunció penalmente la maniobra descripta. Finalmente, describió que es hostigado constantemente con llamados e intimaciones mediante mails y mensajes para que abone el préstamo, por parte de la entidad bancaria y de un estudio jurídico.

Y que, sumado a ello, la demandada puso en conocimiento del empleador del Sr. C. y de su esposa, que el mismo es “deudor de la entidad y que “debe abonar o se le iniciarán acciones legales”; vulnerando de forma extrema su buen nombre y honor, y poniendo en peligro su única fuente de trabajo.

El fallo

El juez recordó que los derechos de usuarios y consumidores están regulados en la Constitución nacional en el artículo 42 “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios” y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 46 “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo (…). Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna”.

En lo que refiere particularmente al caso, remarcó “En esta era de implementación de nuevas tecnologías y nuevas formas de contratación, que se agudizo aún más con la obligatoriedad de recurrir a la modalidad virtual producto de la pandemia por Covid-19, debemos hacer especial hincapié en la protección del consumidor ante situaciones como la del caso de marras, donde el actor incluso ha denunciado penalmente haber sido víctima de un delito digital”. Señaló que el actor alegó haber realizado todos los reclamos correspondientes y por todos los medios posibles para denunciar que el crédito habría sido obtenido por terceros de forma fraudulenta pero que “Dichos reclamos no fueron resueltos y solo uno de ellos obtuvo respuesta negativa diez meses después del crédito denunciado”. En relación a ello, “no se logra apreciar, en este estado cognoscitivo del proceso, que la respuesta brindada por el Banco Hipotecario contenga motivos fundados o una explicación plausible que diera cuenta de las razones por las cuales no se cercioró que el Sr. C. sea quien realizó la petición del préstamo”.

Con información de iProfesional

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