El Frente de Todos de la Comuna 12 (Saavedra, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón) emitió un comunicado para expresar su apoyo al Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 por el cual se declaran “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y televisión paga. También se contempla el congelamiento de sus tarifas hasta el 31 de diciembre de este año.

El comunicado introduce: “Las organizaciones políticas y sociales que integramos el Frente de Todxs Comuna 12 apoyamos y adherimos al Decreto 690 dictado por el Gobierno nacional por el cual se declaran servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, a la telefonía celular y fija, internet y televisión paga y el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020”.

“Lo hacemos en la convicción de la legitimidad de sus fundamentos que garantiza el acceso a estos servicios a los sectores más vulnerables. Invitamos a la ciudadanía en general a apoyar y defender dicha medida, que protege los interese del pueblo en su conjunto”, concluye el texto.

Este DNU fue publicado el 21 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA). Ahora, la Comisión Bicameral del Congreso (Diputados y Senadores) que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia evaluó la validez del mismo y emitió este lunes un dictamen favorable.

Sin embargo, en el sector no fue bien recibido el DNU. Claro, Directv, Telecentro, Telecom y Telefónica, entre otras empresas, emitieron este martes una solicitada conjunta: “Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”.

“La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU es falsa”, agregaron.

“Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015)”, señalaron.

El primer artículo del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 establece: “Incorpórase como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: Artículo 15- Carácter de servicio público en competencia. Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad””.

El artículo segundo añade: “Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 27.078, por el siguiente: Artículo 48: Regla. Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

El artículo tercero dice: “Incorpórase, como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente: Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

El artículo cuarto: “Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades”.

La Autoridad de Aplicación es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En los considerandos del DNU se cita: “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social”.

“Nuestro más Alto Tribunal también ha señalado, in re “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/Amparo Colectivo”, que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”.

Evoca que en 2014 el Congreso aprobó la Ley N° 27.078 por la cual se declaró “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. Su artículo N° 15 reconoció “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”.

Los considerandos señalan: “La convergencia de tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del desarrollo del sector, por lo cual es un deber indelegable del Estado nacional garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC así como el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional sino también las condiciones de explotación de aquella, de modo tal que se garantice la función social y el carácter fundamental como parte del derecho humano a la comunicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

Señala que con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 “se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía”.

Se contrapone: “Es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria.

“Que la situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos. En efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país”, agregan los considerandos.