El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló esta semana las primeras unidades de las cárceles container en la Comisaría Comunal 12 de Ramallo 4390-98, en el barrio de Saavedra.

En paralelo, como informó Saavedra Online vecinos del Consejo Consultivo Comunal 12 elevaron pedidos de informes a las autoridades porteñas y comunales.

A su vez, los vecinos promueven una petición en la plataforma Change.org en rechazo a esta medida. Ya cuenta con casi 600 adhesiones.

“Los vecinos del barrio de Saavedra, Buenos Aires, rechazamos la instalación de los módulos de detención en la comisaria de la calle Ramallo 4390. Saavedra se va a convertir en una cárcel. Las políticas de gobierno tienen que ser serias y con medidas responsables para la comunidad y su entorno. Los vecinos de toda la comuna 12 (CABA) pedimos la anulación de la sede en Saavedra y la URGENTE relocalización de la misma. Pretenden que los módulos de detención estén a metros de instituciones educativas. Es una locura”, añadieron.

Vale recordar que la medida se tomó en el marco de sucesivas fugas de detenidos de comisarías porteñas. En la Comuna 12 en abril de este año se habían fugado dos detenidos de la alcaidía de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad, ubicada en la avenida Juramento 4367 del barrio de Villa Urquiza.

Ante la superpoblación de detenidos en comisarías y alcaidías porteñas, en mayo de este año el Gobierno porteño anunció la instalación de 57 módulos de detención, en tres predios, con capacidad para alojar a 300 detenidos.

Según fuentes oficiales, “cada uno de los grupos de 19 módulos rectangulares estarán ubicados en playones o estacionamientos dentro de comisarías: en la Comunal 12, Ramallo 4398 (Saavedra); en la Comunal 15, Guzmán 396 (Chacarita); y en la Vecinal 4D, California 1850 (Barracas)”. También se anunció la creación de una nueva alcaidía en Villa Soldati, en la Comuna 8.

Por su parte, vecinos de los otros barrios también están en alerta. La asamblea Amparo Ambiental Chacarita reprocha que las unidades modulares se instalarán al lado de un predio en el que se proyectaba un polideportivo público.

Luego, vecinos de la asamblea Barracas Dice Basta realizaron una protesta este miércoles 26 de junio a las 18.30 en California 1850, frente a la Comisaría 4D. “No es momento de bajar los brazos”, señalaron los ciudadanos que rechazan la instalación de los módulos carcelarios.

Integrantes de Amparo Ambiental Chacarita explican que se trata de un reclamo común: “Las cárceles modulares también esperan instalarse en Barracas, Soldati y Saavedra. Vecinos agrupados de los 4 barrios exigimos que se frene esto”.

En la Legislatura porteña siguen este tema de cerca. Por ejemplo, el legislador libertario Jorge Reta presentó un pedido de informes sobre esta situación. “El Gobierno de la Ciudad decidió, de forma unilateral e inconsulta con la ciudadanía, construir módulos carcelarios utilizando espacios públicos y estacionamientos de las comisarías para albergar aquellos detenidos generando nuevas alcaldías. Esta medida contrasta con el deseo de construir una cárcel en Marcos Paz puesto que implica construir una estructura alternativa cuya funcionalidad es similar y en espacios que incrementan su peligrosidad por encontrarse en medio del ejido urbano. Es menester preguntarse el porqué de la selección de dichos lugares en lugar del predio de Marcos Paz, como así también el gasto en su construcción en lugar de acelerar la cárcel de Marcos Paz”, fundamentó.

Desde la época de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires vive una crisis con respecto al alojamiento de detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.

Es más, en mayo de este año -a la par del anuncio de las cárceles container- el jefe de Gobierno Jorge Macri mediante el Decreto N° 200 declaró por el término de 12 meses “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”.

Los considerandos del Decreto describen la situación, desde la perspectiva del GCBA: “Desde el mes de marzo de 2020 el entonces Gobierno Nacional, a través del Servicio Penitenciario Federal, adoptó diversas medidas que implicaron una restricción a la admisión de detenidos en los establecimientos penitenciarios nacionales; la adopción de dichas medidas tuvo como consecuencia inmediata que las personas respecto de las cuales se dicta prisión preventiva o condena en el ámbito territorial de la Ciudad, desde el mes de marzo de 2020 en adelante, no fueran ingresadas al Servicio Penitenciario Federal, sino de forma transitoria al Centro de Alojamiento de Contraventores de la Ciudad y a las comisarías y alcaidías a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de ser trasladadas a los establecimientos penales federales correspondientes; las alcaidías y comisarías de la Ciudad no han sido edificadas para alojar detenidos por largos períodos de tiempo o de modo permanente, por lo que no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar las condiciones de seguridad requeridas para tal fin”.

“Esta situación se ha mantenido durante los últimos años y se proyecta en la actualidad, habiéndose convertido así a las alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en virtuales unidades de detención permanente pese a ser dependencias que, como fuera expuesto, se encuentran estructuradas para el alojamiento meramente transitorio de personas”, plantea el Gobierno porteño.

El documento oficial también expone números sobre esta crisis: “Según surge del Vigésimo cuarto reporte mensual sobre alojamiento en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires de la Procuración Penitenciaria Nacional, a fecha 31 de marzo del corriente (mayo) 2.025 personas se encontraban alojadas en centros de detención no penitenciarios dentro del territorio de la Ciudad, de los cuales 1.940 estaban detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad: 1.246 en alcaidías, 459 en comisarías vecinales y 235 en espera de alojamiento. El citado informe da cuenta asimismo de que la capacidad declarada en las comisarías vecinales es de 243 plazas, y de 798 plazas en alcaidías, por lo que a la fecha de confección de dicho informe había una sobrepoblación de 216 detenidos en comisarías y 448 en alcaidías de la Ciudad”.

“No puede pasarse por alto que a la fecha de suscripción del presente Decreto el número de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires que deberían haber ingresado al Servicio Penitenciario Federal asciende a un número de mil ochocientos cincuenta y ocho (1.858); en función de la situación irregular antes descrita, la Ciudad debió destinar a doscientos treinta y cinco (235) policías por turno, siendo tres (3) los turnos diarios, los que originalmente formaban parte del despliegue territorial cumpliendo funciones en calle, a trabajos de guardias internas y actividades conexas en comisarías y alcaidías; del total de efectivos policiales que integran la fuerza de la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Policía de la Ciudad, cerca de un 10% se encuentra actualmente abocado a la custodia de personas que deberían encontrarse a disposición del Servicio Penitenciario Federal”, agrega el GCBA.

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