El Barrio
El juez Gallardo ordenó al Gobierno porteño suspender el sistema de reconocimiento facial
La decisión fue tomada debido al supuesto uso del sistema para espionaje político. El ministro porteño, Marcelo D’Alessandro, negó las acusaciones y calificó de “maliciosa” la medida, al tiempo que destacó el rol de estos dispositivos para atrapar prófugos.

El juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno porteño a suspender el sistema de reconocimiento facial en cámaras de video en la vía pública.
La medida se da en medio de un escándalo por supuesto espionaje político, que incluye figuras como el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y diputados como Javier Milei o Myriam Bregman.
También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Massa, Ricardo López Murphy y José Luis Espert, además de periodistas y dirigentes sindicales, sociales y políticos.
Gallardo detectó que, como parte de este sistema, la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y desde allí se hicieron casi 10 millones de consultas, muchísimas más que las solicitadas por el Poder Judicial.
“La Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados”, le explicó a Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones sociales que interviene en el caso. “Esto involucraría que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información”, remarcó.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos de distintas personalidades públicas.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no cumplen con el supuesto de encontrarse prófugos fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.
La respuesta del Gobierno porteño
Mediante un hilo de Twitter, el Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, salió al cruce de las acusaciones y criticó la medida del juez Gallardo, a la que calificó de “maliciosa”.
El funcionario sostuvo que “Las consultas efectuadas al Renaper no tienen nada que ver con el sistema de reconocimiento facial y se realizan sustentadas en diversos convenios vigentes. Por ejemplo, cuando se efectúa una denuncia o, cómo sucedió en pandemia, para el permiso de circulación”.
Además, D´Alessandro aseguró que el sistema “Desde abril de 2020 no está activo a causa de la pandemia. Funcionaba con una base de datos que es pública y lo que hacía es identificar ÚNICAMENTE a las personas que tenían pedido de captura de la Justicia”.
Por último, el ministro destacó que “Gracias al sistema de reconocimiento facial detuvimos 1695 prófugos de la Justicia, entre violadores, asesinos y estafadores. Ellos quieren libres a los delincuentes, nosotros los queremos presos”.

El Barrio
Vecinos reclamaron frente al Parque Sarmiento por el fin de las concesiones y los recitales multitudinarios
Este grupo ciudadano “busca proteger este espacio y preservar el ambiente para las futuras generaciones”.

Integrantes del grupo autoconvocado Vecinos por el Parque Sarmiento realizaron este viernes por la tarde una manifestación frente al Parque Sarmiento de Saavedra contra las concesiones en este pulmón verde y por el fin de los eventos masivos, debido al nivel sonoro que se registra en el barrio y alrededores cada vez que hay recitales o festivales.
Como informó Saavedra Online, este grupo empezó su actividad el año pasado ante la cantidad de recitales que convocaban decenas de miles de personas. Los días del evento, había caos de tránsito en la zona y la música se escuchaba por encima de los niveles permitidos, según un estudio profesional promovido por los ciudadanos.
“Gracias a todas las vecinas y vecinos que se sumaron a la manifestación. Una vez más quedó demostrado: la unión hace la fuerza y el cambio solo es posible con el compromiso de la comunidad”, indicaron los vecinos.
“¡Es momento de que nos escuchen! Firmá para respaldar nuestras denuncias y apoyar el Proyecto de Ley “Parque Sarmiento: naturaleza y bienestar para todos”, que busca proteger este espacio y preservar el ambiente para las futuras generaciones. Defendamos el Parque Sarmiento”, sumaron.
“Es nuestro derecho, y también nuestra responsabilidad”, finalizaron.
Los ciudadanos recordaron que juntan firmas mediante una petición en Change.org titulada “Defendamos el Parque Sarmiento – No a las privatizaciones”.
“Vecinos autoconvocados cansados de no ser escuchados nos unimos en defensa de este espacio verde público y de la protección de nuestro ambiente. Pedimos que se frenen cada una de las irregularidades del Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires: Basta de negocios con las privatizaciones Basta de mega eventos Basta de descuidar las reservas ecológicas Basta de la poda indiscriminada, Basta de la quita de suelo absorbente, Basta del uso de pirotecnia, Basta de generar molestias al entorno y vecinos, Basta de cercar y permitir que circulen vehículos por el interior del parque, Basta de cobrar por el acceso a un espacio verde público”, señala el reclamo vecinal.
Mediante un formulario online, llaman a sumarse a esta iniciativa: “Vecinos autoconvocados cansados de no ser escuchados nos unimos en defensa de este espacio verde público y de la protección de nuestro ambiente. Pedimos que se frenen cada una de las irregularidades del Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires: basta de negocios con las privatizaciones y los mega eventos, de descuidar las reservas ecológicas, de la poda indiscriminada, de la quita de suelo absorbente, del uso de pirotecnia, de generar molestias al entorno y vecinos, de cercar y permitir que circulen vehículos por el interior del parque y de cobrar por el acceso a un espacio verde público. Firmá para apoyar estas denuncias y el Proyecto de Ley Parque Sarmiento: naturaleza y bienestar para todos”.
El Barrio
Detuvieron a cinco personas acusadas de presuntas estafas inmobiliarias: mencionan un edificio en Saavedra
La empresa denunciada por cientos de damnificados construyó un edificio ubicado en Ruiz Ruidobro al 3000.

Cuatro integrantes de la familia L’Abbate -el padre y sus tres hijos- junto a su apoderado, responsables de la empresa inmobiliaria Induplack, se entregaron a Justicia este jueves porque la jueza Paula González, titular del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°40, ordenó su procesamiento con prisión preventiva en el marco de una causa en la que se los acusa por los delitos de asociación ilícita y estafa. Se los apunta por presuntas estafas con la venta de departamentos en pozo, los cuales no se entregaban a sus dueños. Hay registros de al menos 14 casos, con más de un centenar de damnificados. Se menciona que la firma construyó un edificio ubicado en Ruiz Ruidobro al 3000, en el barrio de Saavedra.
La empresa Induplack Fiduciaria, administradora de fideicomisos para la comercialización de unidades en edificios en construcción, data de 2008. Los imputados ya habían sido acusados e indagados por pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, tras una investigación que tuvo el apoyo de la fiscal María Fernanda Bergalli, de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), y María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes.
A los cinco detenidos se los imputó por “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo” que “habría comenzado a operar, cuando menos, en 2012, y seguiría operativa en junio de 2024″, consigna La Nación.
Cuñarro expuso que “se ha logrado el desbaratamiento de una organización criminal, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada, destinada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario mediante la realización de operaciones fraudulentas”.
Según la investigación judicial, a través de Induplack Fiduciaria SA se “ofrecían unidades en venta bajo la modalidad de venta en pozo, para lo cual recibían pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían ser destinados a la construcción de inmuebles” una vez firmado el boleto de compraventa. Según la fiscal, “pese a haberse vencido los plazos convenidos, las obras no se terminaban ni se realizaban los trámites necesarios para escriturar las unidades, perjudicando gravemente a los adquirentes”.
“Es así que cuando los damnificados solicitaron explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos. Tal es así, que enviaban cartas documentos que no eran respondidas, muchas veces asumían su incumplimiento y se les informaba que había sido vendida a otra persona e, incluso, algunos damnificados se constituían en la unidad funcional con un escribano y constataban que ya se encontraba ocupado”, agrega el escrito.
Vito Antonio L’Abbate fue procesado como jefe de una asociación ilícita y por 16 hechos de estafa, a los que se suman a los 14 hechos por los cuales ya había sido procesado en 2023 y 2024, en el marco de otra causa iniciada hace cinco años. Sus hijos y el apoderado de Induplack fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y por los 16 hechos de estafa. Dos hijos y el apoderado ya habían sido procesados al igual que el patriarca de la familia, añade el matutino citado, consigna La Nación.
A uno de los hijos le trabaron un embargo por $905 millones y decretaron la inhibición general de bienes de los otros cuatro procesados, que ya habían sido embargados por más de 190 millones de pesos tras los procesamientos de mayo y agosto de 2023.
El Barrio
Jorge Macri dijo que la Ciudad está “mejor preparada para la lluvia” con las obras del reservorio en Parque Sarmiento y el ramal Ciudad de la Paz
El GCBA envió un mail institucional a los vecinos sobre el plan hídrico. “Estos trabajos, aunque a veces no se ven, son fundamentales, porque hacen una gran diferencia cuando llueve”, se destaca.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió un correo electrónico a los vecinos para destacar las obras hídricas en ejecución, que incluyen trabajos en el barrio de Saavedra.
Con el título “La Ciudad, mejor preparada para la lluvia”, el texto institucional firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri señala: “Hace algunos años, cada tormenta era un problema: calles anegadas, casas con agua y comercios arruinados. Hoy eso cambió”.
“Gracias a una red pluvial de 83 km, logramos proteger al 82% de la Ciudad. Pero no nos detenemos: ahora vamos por 25 km más y en la mitad del tiempo que habíamos planificado inicialmente”, agrega la comunicación del Gobierno porteño.
“Avanzamos con obras fundamentales en las calles Martí, Zuviría, Larralde, Ciudad de la Paz y el Reservorio Parque Sarmiento, en las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Cildáñez”, agrega el correo electrónico mencionando trabajos en el barrio de Saavedra.
“Estos trabajos, aunque a veces no se ven, son fundamentales, porque hacen una gran diferencia cuando llueve. Traen seguridad, previsión y tranquilidad para vos y tu barrio”, concluye el texto firmado por Jorge Macri.
Como había informado Saavedra Online, hace cuatro meses el GCBA preadjudicó la licitación pública de la obra ramales Ciudad de la Paz – Larralde. En junio del año pasado se habían anunciado en el marco de la presentación del plan hídrico vigente.
Por otra parte, ocho meses atrás el Gobierno porteño preadjudicó los trabajos para la segunda etapa del reservorio en Parque Sarmiento.
El reservorio de agua se construyó tras la trágica inundación del 2 de abril de 2013, por la cual murieron varios vecinos y hubo cientos de afectados. La segunda etapa se licitó a fines de 2022, luego estuvo “en suspenso” y la gestión actual retomó los trabajos.
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